¿Es UPyD otro partido bisagra?

A medida que la situación política balear se supera a sí misma, con episodios de crisis institucional que se sortean con pactos efímeros que inevitablemente acaban en más crisis, o con incontables casos de presunta corrupción, se acentúan los principales interrogantes que despierta una fuerza política en ascenso como UPyD: ¿con quién pactaría en caso de tener la posibilidad de hacerlo? ¿Cómo influiría en la política balear?

Son preguntas lógicas y previsibles dada la percepción que la práctica real de la política cotidiana ha extendido entre la opinión pública. Se supone que el interés de los partidos minoritarios consiste en rascar un puñado de votos, suficientemente numerosos como para convertirse en el objeto de deseo de los dos grandes a los que resulta difícil conseguir mayorías absolutas por sí mismos. En algunos casos la ironía, a veces también la sonrisita maliciosa, revelan lo que el interlocutor está pensando cuando se hace la pregunta sobre el papel de UPyD: “-Sois como cualquier otro partido minoritario, que pactará con el mejor postor con tal de rentabilizar al máximo vuestro escaso peso electoral”. De hecho, esta ha sido la forma más rápida de llegar al éxito para quienes aspiran a servirse de la política como modus vivendi. Y de hecho, muchos comentaristas afirman que la condición de bisagra ha devenido la más envidiada de las situaciones posibles, más incluso que la de fuerza mayoritaria.

Lamentablemente, lo ocurrido en las Islas invita a la desconfianza. Fraguar pactos a cambio de controlar áreas de la administración y gestionar así presupuestos ha sido la meta de algunos. Tras los casos de corrupción siempre hay políticos que se benefician a sí mismos o a su partido. Es comprensible que la repetición de la misma conducta durante décadas produzca escepticismo y la sospecha de que venga quien venga hará lo mismo. Sin embargo, voy a hacer dos afirmaciones diáfanas. Creer que UPyD tiene los mismos objetivos que los demás partidos minoritarios es doblemente erróneo. Para empezar, demuestra poco conocimiento de lo que significa UPyD. Revela además poca imaginación de cómo puede y quiere influir en la política balear.

Los afiliados de UPyD en Baleares ya tienen trabajo. Todos ellos. No necesitamos arañar cuotas del presupuesto para contentar a miles de afiliados a la espera de acomodo al calor de la Administración. Cuando se dice que UPyD sólo pactaría con quien se comprometiera realmente a llevar a cabo políticas determinadas, con un programa establecido, se habla en serio. Aspiramos a algo muy diferente y mucho más importante que ocupar cargos durante cuatro años. Y quienes hemos dado el paso de salir a la luz pública, paso que para muchos no ha sido fácil, no es para pringarnos en los mismos lodos que otros. Aspiramos a cambiar realmente el devenir lamentable en el que otros han incurrido.  Tal vez por eso despertamos recelos, recelos que despiertan los que no son como los demás.

La realidad provee a diario de ejemplos. La sinceridad con la que José María Rodríguez confiesa que se les debe dejar presidir las cinco empresas públicas, y la efervescencia con la que Aina Calvo pretende no cederlas, demuestra a las claras qué es lo que está en juego. De ahí que el ciudadano perciba que tras el “quítate tú que me pongo yo” no hay vocación alguna por dar servicios eficientes, ni se sabe si hay diferencias importantes al respecto entre unos y otros. El control de las empresas públicas es un fin en sí mismo.

Pues bien, UPyD no se propone pactar con partidos políticos, sino con el proyecto de quienes se comprometan a defender una serie de principios claros. Nos preocupa racionalizar la gestión del dinero público y adecentar la contratación de servicios. He aquí algunos puntos, entre otros, sobre los que el futuro programa de UPyD hará incidencia:

1. Reducir drásticamente el número de empresas públicas. Además de inútiles la mayoría, son focos de malversación.
2. Fomentar lo que hasta hace poco se llamaba subasta frente al concurso, priorizando la oferta económica, eliminando los criterios subjetivos y sustituyéndolos por criterios objetivables y medibles.
3. Obligar a hacer públicas y detallar las cuentas de todos los organismos públicos.
4. Reducir el montante a partir del cual se puede contratar a dedo
5. Aumentar el mínimo de tres ofertas en los procedimientos negociados sin publicidad.
6. Reformar la normativa de incompatibilidades de los altos cargos, prohibiendo trabajar para empresas con las que tuvieron relación durante su ejercicio en los 3 años posteriores a su abandono de la vida política
7. Obligar a una auditoría externa y pública para modificaciones significativas (un 10% del presupuesto aprobado) de un contrato.

El lector informado comprenderá que estas medidas hacen referencia a casos conocidos por la opinión pública. Son, además, más incisivas que las líneas generales de la Ley del Sector Público que perfila el Govern Balear. UPyD puede ejercer el liderazgo del que la sociedad balear es huérfana. Basta con instar a quien imagine hipotéticos pactos a que aplique medidas como las expuestas.

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