UPyD contra la corrupción

Refugiarse en la ficción es la peor forma de afrontar los problemas. Lamentablemente, la corrupción en Baleares no se reduce a unos pocos casos puntuales. Con más de 100 políticos imputados o sentenciados sólo en los últimos años, y más de 100 parientes, allegados o amigos suyos en la misma situación, se explica que en la mente de los ciudadanos, se haya ligado el ejercicio de la política a la corrupción. Los hechos refutan a la Presidenta del Parlament, Aina Rado,  que en su discurso de día 1 de marzo afirmó que se trata de casos excepcionales. Ciertamente, una generalización absoluta sería falaz, pero no es casualidad que se haya dicho que en Baleares tenemos la milla de oro de la corrupción.

 

Todos los partidos con responsabilidades de gobierno, la han tolerado, la han practicado, o han pactado con la corrupción cuando convino hacerlo. Había que olvidar el discurso moralizante, y el acceso al poder exigía renuncias y silencios pragmáticos. Matas, buscó en UM el aliado que le eternizara en el poder, a cambio de un pacto que les asegurara a ambos un coto particular de caza. Antich, Armengol, Calvo y compañía, a sabiendas de con quién se las veían, han resultado ser beneficiarios de la compra de votos del socio imprescindible. Hay que reconocer que sólo ERC tuvo la dignidad de abandonar un barco en descomposición. Nunca había tenido tanto sentido la urgencia de una profunda regeneración democrática.

 

UPyD, que concurre por primera vez a unas elecciones autonómicas y municipales, encarna el soplo de aire fresco que recupererará la confianza de los ciudadanos. Ni PP ni PSOE son firmes en la exigencia de no presentar imputados en sus listas. De hecho, no tienen un discurso unívoco. Ni siquiera responden de la misma forma ante casos parecidos entre sus filas, en comunidades autónomas diferentes. Y sistemáticamente se sirven de la corrupción como arma arrojadiza cuando afecta al contrincante.

 

UPyD tiene un fuerte componente de movimiento ciudadano: una autodefensa civil formada, en su mayor parte, por debutantes en política que han desarrollado una actividad profesional previa, frente a una concepción de la política como modus vivendi. Como ya se ha dicho, no nos quedaba más remedio que dar el paso de salir a la luz pública.

La paupérrima cultura política de los partidos viejos, les lleva a anteponer los pactos a cualquier otra consideración, con tal de acceder a cargos y gestión de presupuestos. Cuando la prioridad es el éxito a toda costa, se renuncia a hacer verdadera política para servirse de la misma. UPyD siempre antepondrá contenidos programáticos de calado político a la mera ostentación de cargos, y a cualquier pacto hipotético, es decir, somos un partido con verdadera vocación política, no económica.

Nuestro programa autonómico no se reduce a un discurso moralizante sobre la corrupción, sino que propone medidas incisivas que eliminen los recovecos de la Administración Pública, recovecos que aprovechan los partidos convertidos en fines en sí mismos para aprovecharse de la situación. Las resumo a continuación:

 

  1. Restitución de los cuerpos nacionales de Interventores y Secretarios.

Debe reformarse la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de advertencia de ilegalidad que les correspondía. Si esta fiscalización es negativa, debe paralizarse el expediente relativo al gasto. Interventores y Secretarios serán designados por concurso de méritos y no por libre designación.

 

2. Medidas que afectan a los cargos públicos.

a) Incapacitación de todo cargo de libre designación para participar en mesas de contratación de la CAIB, Consells,  Ayuntamientos y empresas públicas. Sólo podrán participar funcionarios de carrera, y en las actas serán públicos los votos particulares.

 

b) La contratación del personal se realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos.

 

c) Se nombrarán gerentes de empresas públicas a profesionales, no políticos electos, que se responsabilicen del equilibrio presupuestario de las mismas y de la calidad de productos o servicios ofrecidos.

 

d) Habilitación de un registro de actividades profesionales coincidentes. Todo político y profesional que ejerza un cargo en una institución pública o empresa pública, hará constar sus actividades profesionales coincidentes. Constará lo mismo con parientes hasta de segundo grado.

 

e) Concejales y alcaldes no podrán trabajar para empresas contratadas localmente durante el período en que se ostentó el cargo, durante dos años después de su cese.

 

f) Sustituir los cargos de libre designación por funcionarios de carrera.

 

  1. Modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para reforzar su papel.

a)       No sólo debe tener función consultiva, sino que debe tener poder sancionador y capacidad para emprender diligencias judiciales en caso de indicios de delito.

b)      Los alcaldes deben estar obligados a entregar las cuentas en los plazos previstos. No hacerlo acarreará no recibir ayudas de la CAiB ni Consells.

c)       Debe modificarse el sistema de elección de los síndicos para que sean menos

dependientes de los partidos políticos.

 

4. Reforma de la concesión de subvenciones. Deben publicarse todas las subvenciones, incluso las menores de 3000€, que hoy en día no se publicitan. Las asociaciones subvencionadas tendrán que demostrar que disponen de un 50% del presupuesto para recibir ayudas públicas por un máximo del 50% restante.

 

5. Transparencia. Proponemos utilizar internet para obligar a todas las administraciones a hacer públicas: a) la relación de puestos de trabajo, b) las subvenciones, c) los estudios externos y d) los convenios con proveedores. Las nuevas tecnologías permiten que el ciudadano se pueda informar desde su casa sobre la gestión de sus representantes públicos.

 

6. Reforma del procedimiento de contratación de empresas y servicios públicos. Ciertamente, se trata de una medida que afecta a una ley nacional, pero es de vital importancia. Deben rebajarse las cuantías que permiten realizar contratos menores directamente sin licitación, de los 18.000 € actuales y de 50.000 € por contrato menor de obra a 6.000 y 15.000 € respectivamente.

 

 

 

 

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2 Responses to UPyD contra la corrupción

  1. Roberto Mazorriaga Las Hayas says:

    Ideas claras. Sobre la corrupción y su tolerancia (cuando es propia), basta con leer EL MUNDO del ´dia de hoy a la actitud de la Alcaldesa de Palma con los empleados “cazavotos” de UM.

  2. Fernando García Marín says:

    Hasta ahora la lucha contra la corrupción se habia basado sólo en buscar culpables en el partido de enfrente, y nunca en buscar soluciones. La busqueda de culpables esta bien, pero desvia la atencion de lo verdaderamente importante: adoptar soluciones para que los casos de corrupción no vuelvan a ocurrir. ¡Enhorabuena UPYD de Baleares por abrir el camino!

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