El Palacio de Congresos es un agujero negro en el bolsillo de los ciudadanos.

    El empeño de José Ramón Bauzá y Mateo Isern en continuar las obras del Palacio de Congresos, pone en duda su supuesto compromiso en  racionalizar el gasto público. UPyD propuso paralizar las obras hasta que hubiera empresas privadas interesadas en el proyecto.

 

A la incapacidad de reconocer que lo que debía ser un revulsivo de la economía de Palma ya es un verdadero fracaso, se suma el voluntarismo irracional en perseverar en un proyecto ruinoso. No sólo no hay recursos para financiar la continuación de las obras, sino que tampoco los hay para pagar 27,6 millones de euros, que el anterior gobierno de Antich y Calvo dejó a deber a Acciona, por las obras ya hechas.

Acciona decidió hace unos días continuar unas obras casi paralizadas, a la espera de que la promesa de Bauzá de pagar en breve 10 millones de euros, se haga realidad. El mismo Teniente de Alcalde Álvaro Gijón, agradeció ese gesto, que calificó de “acto de fe”. La verdad es que no se sabe si llegarán los 30 millones de euros que se esperan del gobierno central, ni si Cort conseguirá avales para conseguir de los bancos otros 30 millones. Las administraciones ya no merecen la confianza de bancos ni proveedores, lo que demuestra el grado de insolvencia económica y moral en que han sumido los responsables políticos de PP, PSOE y sus socios habituales, a las instituciones. De ahí que las diversas órganos implicados, (Cort, Govern y Gobierno de la Nación) esperen unos de otros, e incluso se exijan recíprocamente, unos recursos que ninguno tiene.

UPyD considera el Palacio de Congresos un palmario ejemplo de cómo los proyectos de PP y PSOE perjudican al bolsillo de los ciudadanos, y en su momento, propuso la paralización de las obras, hasta que hubiera empresas privadas interesadas. A pesar de que muy desde el principio, el abandono de Barceló y el desinterés de los agentes privados, demostraba que el proyecto no sería rentable, los grandes partidos no quisieron poner freno a una espiral de gastos que hipotecan a los ciudadanos.  El Palacio de Congresos, el mantenimiento de los Consells, o la misma IB3, prueban que la voluntad de Bauzá e Isern en controlar la deuda pública fue, más que un compromiso firme,  mera propaganda electoral.


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