El dinero público es de todos… ¡Gasta tu parte!

La persistencia temporal en el cargo y la sumisión, o eliminación, de los órganos cuya función es ejercer un sano contrapeso que inspeccione a quien gobierna, son formas clásicas de propiciar el abuso de poder. La colegialidad característica de todas las magistraturas de la república romana iba precisamente en ese sentido: desde los dos cónsules hasta los cuestores, podían ejercer el derecho de veto sobre las iniciativas que sus colegas tuvieran, si iban más allá de lo tolerable por la ley. La experiencia histórica había demostrado que era necesario habilitar mecanismos efectivos y concretos contra la tentación de valerse del poder con fines bastardos.

 

Más discreta -pero en modo alguno sutil- forma de eludir la sana vigilancia, es la creación de organismos prestigiosos profesionalmente, a los que se dota de cerebro pero se amputa de brazo ejecutor. Es el caso de la Sindicatura de Cuentas en Baleares. Vemos así que autoridades como la Presidencia del Parlamento Balear reciben a los síndicos regularmente –con profusión de fotos para la prensa y protocolos varios-, a las que se hace entrega de su voluminoso trabajo. Un trabajo que dormirá el sueño de los justos en un cajón o en un archivo, reducido a la condición de crónica intrascendente, pues no tiene peso vinculante alguno.

 

Sin embargo, quien ose analizar tan sólo una pequeña parte del informe, se quedará pasmado ante la catarata de irregularidades, despilfarros y triquiñuelas que caracterizan transversalmente a todos los niveles de la administración pública, a muchas de sus instituciones, a sus empresas y a sus responsables de todos los partidos con poder ejecutivo. El reciente informe del año 2010 confirma lo que ya señalaban los informes anteriores. La situación de ruina económica actual tiene causas concretas en una podredumbre institucional que daba la espalda a la cruda realidad de las cuentas en nombre de un principio que parecía universalmente extendido: el dinero público es de todos… ¡Gasta tu parte!

 

De entre la incisiva lista de medidas que UPyD considera imprescindibles para cerrar las vías que nos han conducido a la situación presente, destaca la modificación de ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas.  Ésta no sólo debe tener función consultiva, sino que debe tener poder sancionador y capacidad para emprender diligencias judiciales en caso de indicios de delito. Los alcaldes deben estar obligados a entregarle las cuentas en los plazos previstos. No hacerlo implicaría no recibir ayudas de la CAIB ni Consells. También se puede reforzar el papel de la Sindicatura mejorando el sistema de elección de los síndicos, para que sean plenamente independientes de los partidos políticos.

 

De poco sirven la manifestación de indignación emocional, el voluntarismo ciego ni los recortes actuales si no se reforman teclas importantes de un entramado institucional fallido. Hablar pues de regeneración no es un ingenuo y ostentoso brindis al sol si el diagnóstico es acompañado de medidas concretas. Y someter a los políticos a un control independiente es básico, al margen del color que defiendan.

 

 

 

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