Falacias sobre la fusión municipal

A diferencia del conservadurismo de los de siempre, y las asonadas desquiciadas de los recién llegados, quedan quienes son capaces de hacer propuestas incisivas e innovadoras. Nadie ignora que la crisis institucional se traduce en la ruinosa deuda -22000€ por cada español- con la que nos premian las diferentes administraciones públicas. Hete aquí que UPyD-Baleares se ha puesto manos a la obra y ha presentado su proyecto para racionalizar una administración municipal de origen decimonónico. Se propone pasar de 67 ayuntamientos a 16 en toda Baleares, fusionándolos de forma que sólo uno tenga menos de 20.000  habitantes. Nada que no se ha hecho ya en muchos países europeos. Lo que aquí está en juego es que la racionalidad y la eficacia incluyan a la administración pública, que no tiene que ser un lastre incapacitante. Las reacciones se han producido de inmediato, por lo que analizo a continuación las que más llamativas me parecen.
Falacia del terruño. Es tal la profusión de bufidos sentimentales que se ha adueñado de la política española en general, que algunas voces plantean que esta propuesta fracasará por ignorar la idiosincrasia de los habitantes de las pequeñas localidades. Se supone que éstos consideran imprescindible tener sus ayuntamientos como si fueran fines en sí mismos, al margen de sus costes y conveniencia. Tras este argumento subyace una generalización y un prejuicio: la de que el patrioterismo chico ha insuflado pasiones desatadas entre todos los vecinos. Pues bien, a lo mejor resulta que los lugares comunes no son más que eso -simplezas de trazo grueso- de forma que un fino escepticismo y un agudo sentido crítico son más compatibles de lo que parece con el hecho de vivir en un pueblo. La lucidez para entender que algo no funciona, no depende del lugar en que uno vive.
Falacia de la cercanía. A menudo se oye hablar con gran alharaca sobre la trascendencia de tener una administración lo más cercana posible que, cómo no, esté gestionada por los que son de aquí. Pero la perspectiva en pequeñito puede distorsionar procesos sociales complejos. Además, la tentación del nepotismo es mucho más probable en las administraciones cercanas, lo que abre las puertas a la corrupción. Los intereses creados y las presiones son mucho más efectivos entre conocidos que ante una administración anónima que no hace distinciones a la hora de aplicar la ley. Es un fenómeno humano bastante comprensible: el calor de la cercanía y la confianza favorece el espíritu del cacique, que hoy en día ya no ejerce presiones dictatoriales sino que hace favores a los suyos, y a quien conviene, claro está. Aunque eso implique vulnerar leyes injustas.
Falacia del tamaño. Desde posiciones liberales, se ha observado el peligro que el intervencionismo de las administraciones desorbitadamente grandes –como las de los imperios y los grandes estados- representan. Que, en efecto, así haya sido históricamente, no significa que las administraciones pequeñas se autolimiten, ni que se ajusten a las funciones básicas que la ley establece. De hecho, ha ocurrido precisamente lo contrario. Llevados del populismo, la ambición y la necesidad de justificar sus cargos, son legión los alcaldes con tendencias cesaristas, que han intervenido en áreas que no les corresponden, derrochando recursos más allá de lo tolerable, para convertirse posteriormente en permanentes plañideras por la mala financiación que reciben.
El falso dilema de la desaparición. Se plantea en este caso un extremismo dramático entre dos polos: o se dispone de ayuntamiento o poco menos que se desaparece de la realidad. No sólo hay en Baleares localidades que ya están integradas en ayuntamientos más grandes, sino que racionalizar la gestión pública no tiene nada que ver con desaparecer del mapa, renunciar a los topónimos, dejar de tener fiestas patronales, ni con dejar de tener la particularidad que sea. No, pueden tranquilizarse los temerosos, porque la propuesta de fusión de ayuntamientos no tiene inclinación estalinista alguna.
En conclusión, los argumentos contra la fusión destapan algunos de los orígenes intelectuales de las deficiencias que padecen los ciudadanos. Lo que confirma el acierto de una propuesta dirigida a asegurar los servicios municipales básicos con unos costes razonables, aunque mucho listillo se quedara sin su cargo.

La independencia no es cuestión de cifras

Participo en un debate televisivo sobre actualidad política. Un nacionalista enragé afirma que la democracia consiste en aceptar lo que quiera el pueblo catalán y, dado que los últimos sondeos oscilan entre un 41% y un 57% de voto independentista en las próximas elecciones del 25-N, concluye que la democracia se reduce a acatar las cifras. Los turnos y tiempos del programa apenas me dejan tiempo para contestar.

Aun siendo un factor importante, la democracia es una joya conceptual que no se reduce a una suma de votos. De hecho, es peligroso aferrarse únicamente a este principio. Hay marcos legales previamente establecidos que delimitan unas normas de juego. Esos códigos establecen, por ejemplo, en quién reside la soberanía y –mucho más importante todavía- qué principios básicos de derechos y libertades no pueden ser alterados circunstancialmente, a menos que nos sea indiferente que en nombre del fragor emocional del momento  se vote cualquier desatino. Hay derechos individuales que deben ser salvaguardados de una voluntad mayoritaria impulsiva. Este detalle capital es consecuencia de una extensa experiencia histórica plagada de ejemplos que llevaron a desconfiar de la democracia durante siglos. Después de vencer en la batalla naval de las Arginusas (406 a. J.C.), los atenienses juzgaron a los 6 generales que habían sobrevivido –murieron otros dos- por no haber salvado a los compatriotas que habiendo caído al agua,  se debatían entre las olas de un temporal que impedía a los barcos maniobrar. La Asamblea votó su ejecución, agitada por la locuacidad de un tal Calíxeno. Ejecutada la sentencia, los ciudadanos se arrepintieron y las cosas se giraron en contra de Calíxeno, pero nada podía ya reparar el error. De ahí que, con el tiempo, se establecieran frenos constitucionales a la voluntad mayoritaria de una soberanía popular que podía ser fácilmente manipulada. Piénsese en los extremos a los que ha llegado el nacionalismo vasco, y se comprenderá que el ejemplo no es demagógico.

Pues bien, la soberanía constitucionalmente establecida -y democráticamente refrendada- reside en el pueblo español, de forma que una parte no puede decidir en lo que afecta al todo, lo que además deja al nacionalismo independentista en franca minoría. Por otra parte, la aplicación práctica de sus postulados no mejora la democracia, sino todo lo contrario, pues siempre introduce algún sesgo identitario –étnico, racial, social, religioso, o lingüístico- que define al ciudadano auténtico, a diferencia del que no lo es. Como en las sociedades avanzadas –y Cataluña todavía lo es- hay personas de todo tipo y condición, los nacionalismos se concretan inevitablemente en algún nivel de discriminación a favor de quien tiene el rasgo que define su concepto de pueblo. De ahí que quien pide respeto y libertad de cara al exterior, puede ser una amenaza para la libertad interior, más todavía si es minoritaria. Por todo ello, afirmaba el pensador liberal Constant que el pueblo puede convertirse en su propio déspota. Se puede constatar que los nacionalistas han renunciado deliberadamente a distinguir entre democracia asamblearia y constitucional. El resultado es el que estamos viendo: consideran legítimamente democráticos mecanismos que tienen rasgos de aclamación, un sistema de votación característico de momentos de inestabilidad y que ha llevado a consecuencias históricas muy negativas, aun presentándose bajo la apariencia de la libertad.

El segundo argumento de nuestro nacionalista enragé es el de las balanzas fiscales. Más números. Sin embargo, las cuentas no están claras. No hay un acuerdo definitivo sobre cómo calcular las balanzas fiscales ni siquiera entre los especialistas. De ahí que cualquier lector de periódicos se encontrará un día con que España somete a Cataluña a un expolio fiscal, y al siguiente con que hay estudios que demuestran lo contrario. Como en todo, hay diversos paradigmas, y los nacionalistas tienen el suyo. El caso es que la comunidad autónoma más endeudada (la deuda catalana asciende a 46.000 millones de euros) va a ser rescatada por el Fondo de Liquidez del Estado que va a aportar más de 5000. Es imposible ignorar el tufillo a victimismo falaz de quien ha gestionado pésimamente el erario público. Por no hablar de otro embuste mayor: los impuestos no los pagan los territorios sino las personas. De ahí que básicamente aporte lo mismo un extremeño que un madrileño o un catalán a las arcas públicas según su status, al margen de dónde lo haga. Y si reivindica que no recibe en la misma medida en que aporta, está cuestionando el sentido redistribuidor de los impuestos –argumento propio de los más pudientes-, con el que los nacionalistas se alinean cuando conviene. Reivindiquen pues una reducción de impuestos o mayor eficiencia en el gasto, ya que el verdadero problema es la avidez de una enloquecida administración autonómica, local o nacional, que dilapida lo que esquilma a los contribuyentes.

Fernando Loredo analiza los últimos resultados electorales

Ya es la segunda vez que Fernando Loredo – un referente central de UPyD en Baleares- organiza un encuentro de afiliados y simpatizantes. En esta ocasión, expuso su análisis de los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. Se inicia así un ciclo de ponencias sobre temas de actualidad política, que se celebrará mensualmente, que está abierto al público en general, y coordinado por el mismo Fernando Loredo.  En el pasado mes de junio, dedicó su ponencia a analizar el contenido y las circunstancias del Pacto de Legislatura con que Nacho Prendes –único diputado de UPyD en el parlamento asturiano-  concedía su decisivo voto al candidato socialista para presidir la comunidad autónoma.

Fernando Loredo durante su ponencia

Loredo calificó como muy malos los resultados obtenidos en Galicia, con un 1,48% del total de votos emitidos, lo que deja a UPyD muy lejos del 5%, mínimo exigido por la ley electoral. Destacó que hubo un 2,69% de votos en blanco y un 2,55% de votos nulos, lo que demuestra la creciente desafección por los partidos políticos en general. A pesar de que también el PP perdiera votos con respecto a hace tres años (102.000 menos) suma 3 escaños más, mientras el PSOE se hunde con un 20%. A su vez, la fragmentación de la izquierda nacionalista ha favorecido también a Núñez Feijóo, y destacó el éxito de Beiras, que presentándose por primera ver con la coalición AGE, tuvo un éxito rotundo con 9 escaños y un 14% de los votos (tercera fuerza política, por delante del BNG).

Loredo explicó los detalles de la reforma de la ley electoral gallega que el PP presentó en su programa. Se reduciría el número de diputados (de 75 a 61). En la actualidad, Galicia se divide en 4 circunscripciones –una por provincia- con un mínimo de 10 diputados cada una. El resto se reparten oscilando según la población. Se sobredimensiona así el voto de las dos provincias menos habitadas (Lugo y Orense), lo que favorece la aparición de baronías locales. Loredo expuso sus dudas sobre cuál será el contenido final de la reforma, que no corrige, sino acentúa la desproporción del voto. De hecho, sobredimensiona todavía más a ambas provincias, que son feudos importantes del PP, y cabe pensar que los proteja.

Loredo calificó de verdadera humillación para la democracia que los batasunos de Bildu obtuvieran un 25% de los votos, y se erijan en segunda fuerza política vasca. El tremendo error del Tribunal Constitucional al dejar en agua de borrajas la Ley de Partidos y la anterior sentencia del Supremo, se pagará en pérdida de derechos y libertades.

El 3,52% de los votos obtenido por UPyD en Álava le otorga un diputado, dado que la ley vasca pone el listón en el 3%, con un total de un 1,94% en toda la comunidad. Dado que las tres provincias tienen 25 diputados, se sobrerrepresenta a Álava y Guipúzcoa por tener menos población que Vizcaya. Sin embargo, el cambio a un sistema puramente proporcional que propone UPyD –y que a priori perjudicaría sus intereses partidistas- no cambiaría sustancialmente las cosas.

Concurrencia en la sede de UPyD

Loredo consideró descorazonador que los partidos constitucionalistas retrocedan frente al nacionalismo (59% de los votos), puesto que PSOE, PP y también UPyD, han perdido votos (41%). Así que tampoco calificó de buenos los resultados de UPyD, aunque teniendo en cuenta la adversidad de un entorno hostil y radicalizado por la indoctrinación independentista desde la infancia, podrían haber sido peores. Recordemos que UPyD tuvo que impugnar su exclusión de un debate televisivo al que habían sido invitados todos los partidos con representación. Loredo buscó con lupa y encontró datos positivos, como el retroceso en 15000 votos de Bildu en San Sebastián, y otras ciudades en cuyos ayuntamientos ya se conocen los detalles de su gestión real desde 2011. Lamentó que el pacto PSOE-PP haya sido una oportunidad perdida para deshacer el entramado que el PNV había gestado durante décadas de gobierno ininterrumpido, manchado con la traición de Rodríguez Zapatero al mismo Pachi López, al pactar a sus espaldas con el PNV el cupo vasco.

Hubo mucha participación en el coloquio final entre afiliados y simpatizantes. Una vez más, se comentaron las dificultades ya conocidas para hacer llegar mejor y más lejos las propuestas de UPyD; la más importante es sin duda que nadamos contracorriente tras décadas de propaganda en clave localista y de victimismo interesado. Los ejemplos más palmarios son  el cupo vasco y la aportación navarra, privilegios fiscales que vulneran el más elemental principio de igualdad, y que harían inviable el sistema de financiación autonómico de extenderse a todas las comunidades autónomas.

La austeridad que no llega

Es hora de hacer algo más que subir los impuestos y recortar servicios para reducir la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Agotadas las vías de financiación con los bancos, y habiendo recurrido al Fondo de Liquidez para salvar los vencimientos de deuda acuciantes, el entramado institucional balear –desmesurado, carísimo e ineficaz- permanece intacto, aun habiéndonos llevado a una ruina que llevará décadas cancelar. Hay que llevar la austeridad donde no ha llegado: a la eliminación de organismos públicos redundantes.

Un gobierno certero en el diagnóstico y valiente con el tratamiento, empezaría por suprimir los Consells. ¿Coste político? Muy poco: el ruido de una oposición desquiciada que también vería en ello una merma de oportunidades para asegurar el modus vivendi a su mesnada a costa del erario público. Sus respectivos portamaletas intelectuales se rasgarían las vestiduras ensalzando las virtudes de una institución cuyas funciones pueden ser recuperadas por el gobierno autónomo. Pero la opinión pública no es tan ciega. Ninguna institución está peor vista que el Consell de Mallorca. Desde su origen, su gestión en carreteras, suelo, territorio y subvenciones de todo tipo, ha quedado unida -en una especie de inconsciente colectivo- a la corrupción y la arbitrariedad de UM, consentida y apoyada por PP, PSOE, PSM e IU según la tesitura de los equilibrios de la aritmética parlamentaria del momento. Ahí está la lista de causas juzgadas o pendientes de serlo. ¿Han cambiado las cosas? Sí, pero poco importa: la falta de financiación –el Consell espera y reclama unos recursos que no llegan porque no existen- impide inversiones reales y el grueso de su presupuesto se desvanece en gasto corriente, luego es una institución superflua. ¿Implicaría esto un lento y difícil cambio constitucional? Sí, pero también podría explorarse la modificación del Estatuto de Autonomía  (artículos 70-73) y la Ley de Consells en el ámbito autonómico.

Los ayuntamientos y mancomunidades deben ser sometidos a criterios de eficacia, lo que significa fusionarlos en torno a los 20.000 habitantes, que ha demostrado ser la cantidad menos gravosa. La fusión de ayuntamientos permitiría a su vez prescindir de mancomunidades que reúnen servicios para distintos municipios… al mismo tiempo que mantienen sus respectivos ayuntamientos; me sorprende que todavía haya quien dude que es exagerado hablar de metástasis administrativa.

Según el Banco de España, la deuda de Baleares asciende a 4.673 millones de euros. Todo apunta a que es una cifra incompleta y queda deuda camuflada. Aun así, es un 17,5% el PIB de las islas, lo que está por encima de la media autonómica, con un 14,1%. Al menos, mientras el resto de autonomías incrementará su deuda un 10,9%, Baleares sólo lo hará en un 2,4% en este año, lo que permitiría ajustarse al 1,5% de límite que puso el gobierno de la nación. José Ramón Bauzá y José Ignacio Aguiló han presentado estos datos como muy positivos. Sin embargo, dado que el reciente rescate de 355 millones de euros pone en evidencia la debilidad de la situación, es hora de explorar otras vías, las de una austeridad institucional que no llega.

Federalismos de tapadera

Entre el atrabiliario intercambio de sambenitos –generalmente insultantes o peyorativos- al que a diario reducen la política sujetos de poca categoría, aparecen de vez en cuando etiquetas que tienen, contrariamente, un matiz positivo, que repentinamente muchos dicen defender y que, atropelladamente, codician adjudicarse. Ambas maniobras son ejemplos de uso adulterado de los términos, pues si en el primer caso se pretende denigrar al contrario calificándolo de lo que no es, en el segundo, se quiere pasar por lo que uno quisiera ser, sin lograrlo.

Hete aquí que en el panorama actual abundan de sopetón los políticos y los partidos federalistas. Es normal y natural que la cercanía de procesos electorales agite los ánimos de los inventores de consignas, pero la verdad es que la huida hacia el independentismo de CiU y Mas, ha dejado en ridículo las ambigüedades calculadas y confusas del PSOE y sus secciones autonómicas, que temen ser menos que Mas, y que en los dos gobiernos tripartitos que formaron en Cataluña, como en Baleares, siempre pretendieron superar a CiU y no desentonar con sus socios nacionalistas. De ahí que llame la atención que sus líderes vuelvan ahora a ondear la bandera “federal”, supuestamente entre el autonomismo y el secesionismo, aunque de momento, su propuesta nade en la indefinición.

La palabra federal proviene del término en latín foedus, que significa alianza, pacto. En teoría política, se denomina federalista a quien organiza el poder político entre distintas partes o unidades territoriales en pie de igualdad. El acuerdo puede regular distintos derechos de distintas formas –la variedad de gobiernos federales es enorme-, pero siempre se establecen dos niveles de gobierno: uno general o federal y otro local jerárquicamente organizados. Muchos opinan que las autonomías españolas han evolucionado en un sentido federal muy claro, aunque no se las haya denominado como tales, y que el sistema autonómico ya ha derivado de facto en un federalismo. Dado que ha primado la deslealtad, el “yo no soy menos que nadie”y la irresponsabilidad del gobierno central, el resultado es un caos inviable y ruinoso en el que las comunidades no tienen las mismas competencias. Somos un ejemplo de federalismo sin compromiso, que además de hacer dificultosísimo el gobierno federal, encubre las ambiciones soberanistas. El caso es que el grado de simetría y de cooperación entre las partes es la clave pasa saber de qué estamos hablando. Y aquí es donde los federalistas de nuevo cuño – que niegan que el caso de España sea federalismo- inciden muy parcialmente en las características de los países federales que quisieran tener, hasta el punto de que su federalismo despeja el camino a la retórica de los estados libres asociados o la de de una confederación. Así, destacan que Alemania ha modificado su constitución más de 50 veces desde 1949 y que los Länder con mayor capacidad fiscal ponen límites a su aportación a los que tienen capacidad inferior a la media. Pero olvidan que también devolvieron competencias al gobierno federal cuando el desacuerdo entre los Länder hacía imposible el consenso e inviable el sistema. También destacan que los EEUU tienen una gran capacidad de decisión y autogobierno, pero dejan en segundo plano que tienen un alto grado de simetría, que nadie cuestiona la unidad que forman las partes ni la prevalencia del gobierno nacional sobre el de cada estado.

Dicho esto, hará bien el lector en ignorar mis palabras y considerarlas como una pobre introducción al brillante artículo de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes.  El federalismo bien entendido tiene aspectos que deliberadamente le intentan escamotear los ideólogos oportunistas, sin los que el nacionalismo excluyente y segregador saldría reforzado.

Payeras el temeroso

Confieso que la osadía de salir a la luz pública a defender los propios puntos de vista tiene pocas consecuencias gratas, pero hay una que cada vez me divierte más. Escandalizar a los mojigatos, a los puritanos de los dogmas ideológicos del pensamiento político subvencionado y promovido oficialmente, tiene algo de subversivo, pues el escándalo del meapilas de turno sobredimensiona el asunto hasta darle más trascendencia de la que tiene.

Una semana después de que se publicaran los resultados del sondeo realizado por el Instituto Balear de Estudios Sociales –que darían representación a UPyD en el Ayuntamiento de Palma si se celebraran ahora elecciones-  Miquel Payeras nos dedica un artículo titulado “La suma PP-UPyD” en el que lamenta que “el PP perdería la mayoría absoluta, pero la demagogia populista le podría apoyar y así gobernar juntos”.

Para empezar, sorprende que a estas alturas el Sr. Payeras no se haya enterado de que UPyD no se rige por las mismas reglas que el resto de minorías que alguna vez hayan tenido representación institucional en Baleares. Está tan acostumbrado a la conducta habitual, que da por supuesto que entregaríamos fácilmente nuestro apoyo, tal vez porque hasta ahora todos se conformaron con poltronas y partes suculentas que administrar de los presupuestos. Sin embargo, tiene un ejemplo –tal vez lo ignore deliberadamente- con lo ocurrido en Asturias. Nacho Prendes, el único diputado autonómico de UPyD,  publicó un documento de 23 folios con propuestas programáticas que discutir con los partidos mayoritarios, de forma que quien reclamara su voto para poder gobernar, se comprometiera a aplicarlas. Así que concedió su apoyo al único partido que se interesó en discutirlas y se comprometió en asumirlas –en este caso, el PSOE-, y sin contrapartida alguna, es decir, sin formar parte del gobierno, y pudiendo retirar su decisivo voto si no se respeta lo firmado. Siendo así las cosas, es pertinente cuestionar las facilonas especulaciones sobre el futuro que tan a la ligera hace el Sr.Payeras, en caso de repetirse una situación parecida en Baleares.

Pero no nos engañemos. Lo que verdaderamente le preocupa es la “demagogia antinacionalista”de la que nos acusa. Por lo visto, no se pueden plantear argumentos críticos con una ideología, sin ser acusado de demagogo por quienes la han asumido. Aun tratándose de un intelectual orgánico pagado y promocionado por los medios abiertamente declarados como nacionalistas, sería de esperar algo más que una descalificación sin más contra quienes están demostrando que el origen de los problemas actuales está en la sobredimensión descomunal de unas instituciones autonómicas que se han valido del victimismo nacionalista para engordar parasitariamente a costa de los ciudadanos. Reformar el caos institucional para devolver a la administración a un equilibrio y tamaño eficaces no es pues demagógico, sino señalar las raíces del problema que muchos se niegan a reconocer interesadamente. Claro que siempre ha sido más fácil recurrir al espantajo del enemigo externo o a la falacia de las balanzas fiscales, que reconocer la incompetencia propia. Y esto último es característico del nacionalismo de todos los partidos. De ahí que deje irónicamente a “la imaginación más gótica” de los lectores lo que podría acarrear la entrada de UPyD en las instituciones. Lo dice como si nada hubiera en el panorama actual que  dé señales de haber llegado al límite del agotamiento. A no ser que lo propio de los godos sea cambiar lo que ha dado unos resultados funestos por haberse hecho rematadamente mal. En ese caso, habría que agudizar el oído y la vista, no sea cosa que los que se las dan de modernos resulten ser unos verdaderos cavernícolas que no ven más allá de las fronteras de la tribu.

El dinero público es de todos… ¡Gasta tu parte!

La persistencia temporal en el cargo y la sumisión, o eliminación, de los órganos cuya función es ejercer un sano contrapeso que inspeccione a quien gobierna, son formas clásicas de propiciar el abuso de poder. La colegialidad característica de todas las magistraturas de la república romana iba precisamente en ese sentido: desde los dos cónsules hasta los cuestores, podían ejercer el derecho de veto sobre las iniciativas que sus colegas tuvieran, si iban más allá de lo tolerable por la ley. La experiencia histórica había demostrado que era necesario habilitar mecanismos efectivos y concretos contra la tentación de valerse del poder con fines bastardos.

 

Más discreta -pero en modo alguno sutil- forma de eludir la sana vigilancia, es la creación de organismos prestigiosos profesionalmente, a los que se dota de cerebro pero se amputa de brazo ejecutor. Es el caso de la Sindicatura de Cuentas en Baleares. Vemos así que autoridades como la Presidencia del Parlamento Balear reciben a los síndicos regularmente –con profusión de fotos para la prensa y protocolos varios-, a las que se hace entrega de su voluminoso trabajo. Un trabajo que dormirá el sueño de los justos en un cajón o en un archivo, reducido a la condición de crónica intrascendente, pues no tiene peso vinculante alguno.

 

Sin embargo, quien ose analizar tan sólo una pequeña parte del informe, se quedará pasmado ante la catarata de irregularidades, despilfarros y triquiñuelas que caracterizan transversalmente a todos los niveles de la administración pública, a muchas de sus instituciones, a sus empresas y a sus responsables de todos los partidos con poder ejecutivo. El reciente informe del año 2010 confirma lo que ya señalaban los informes anteriores. La situación de ruina económica actual tiene causas concretas en una podredumbre institucional que daba la espalda a la cruda realidad de las cuentas en nombre de un principio que parecía universalmente extendido: el dinero público es de todos… ¡Gasta tu parte!

 

De entre la incisiva lista de medidas que UPyD considera imprescindibles para cerrar las vías que nos han conducido a la situación presente, destaca la modificación de ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas.  Ésta no sólo debe tener función consultiva, sino que debe tener poder sancionador y capacidad para emprender diligencias judiciales en caso de indicios de delito. Los alcaldes deben estar obligados a entregarle las cuentas en los plazos previstos. No hacerlo implicaría no recibir ayudas de la CAIB ni Consells. También se puede reforzar el papel de la Sindicatura mejorando el sistema de elección de los síndicos, para que sean plenamente independientes de los partidos políticos.

 

De poco sirven la manifestación de indignación emocional, el voluntarismo ciego ni los recortes actuales si no se reforman teclas importantes de un entramado institucional fallido. Hablar pues de regeneración no es un ingenuo y ostentoso brindis al sol si el diagnóstico es acompañado de medidas concretas. Y someter a los políticos a un control independiente es básico, al margen del color que defiendan.