Plaza Albert Camus

Palma de Mallorca. Plaza Albert Camus. El transeúnte de ese lugar tiene motivos para recordar al autor de El hombre rebelde, pero más que por el nombre, porque la disposición del entorno le permitirá imaginar qué ironías no hubiera escrito el argelino de haberse interesado por la faceta urbanística y arquitectónica del poder -insuflado de teorías, pretensiones y resortes- que sólo su agudo sentido de la desmitificación podía desvelar. Tampoco podrá evitar establecer paralelismos entre la legión de pseudointelectuales que le despreció –Sartre al frente- y los voceros actuales del populismo, que siguen haciendo lo mismo en las clases que imparten: en aquella época ignoraban deliberadamente las vergüenzas y crímenes del comunismo, y hoy se hace lo mismo con los oradores de opereta caribeñobolivarianos. La soledad es el precio de anteponer la ecuanimidad a los embates del sectarismo.
Si nuestro transeúnte mira a su izquierda, verá una estructura férrea que hace pensar más bien en los restos de un accidente áereo que en un Palacio de Congresos en obras. Nadie ignora ya que el montante de dinero público invertido es un abuso a costa del contribuyente, ni que el desinterés y abandono de la iniciativa privada que alentó inicialmente su gestación, indicaba que era el momento de paralizarla, más aún, todo apunta a que el simple mantenimiento del edificio una vez acabado, nos empobrecerá eternamente. Pero todo esto ya se ha dicho. Lo interesante es llegar al fondo de la cuestión, y que nadie se atreve a reconocer abiertamente: la desestacionalización del turismo –coartada con la que se sigue justificando la trama- es un mito irrealizable. La prueba es que hemos oído hablar de ella desde la infancia, sin que nada ni nadie haya podido ir más allá de atraer puntualmente a algún grupo muy reducido de turistas en invierno, lo que en ningún caso basta para mantener activa una industria tan voluminosa.

Vista del Palacio de Congresos desde la Plaza Albert Camus.

Vista del Palacio de Congresos desde la Plaza Albert Camus.

Si nuestro paseante mira a su derecha, cundirá la sorpresa. Un paquebote excesivo que no encaja en el lugar – ni al parecer de muchos, en toda la ciudad- le hará sospechar que un huracán lo arrancó de los muelles para vararlo a poca distancia del mar. Se equivoca. Es un edificio abandonado y en deterioro, ciertamente, pero fue protegido oportunamente por la cúpula de la extinta UM –actualmente en la cárcel- cuando le convino maniobrar en contra de quien legalmente había comprado el solar con el acuerdo de que el vendedor (GESA) lo demolería, y así construir a posteriori. Era una simple venganza por haber recurrido el asunto de Ca’n Domenge, que la cúpula mafiosa había convertido en otro escándalo. El Tribunal Supremo acaba de resolver el asunto: se debe compensar al comprador con 85 millones de euros. Es sólo el principio, porque sobre el paquebote ruinoso quedan pendientes 22 contenciosos más…

Vista del edificio de Gesa desde la Plaza Albert Camus.

Vista del edificio de Gesa desde la Plaza Albert Camus.

 

A nuestro paseante le queda mirar al frente, al mar, en dirección a la costa argelina, que queda a unos 300 kilómetros. Inevitablemente imaginará que Camus hubiera podido añadir a su libro algún capítulo sobre los resortes del ogro filantrópico que, con excusas proféticas sobre el devenir de la economía, arruina el espacio público al tiempo que vacía los bolsillos del ciudadano. Ciertamente, la economía no era lo que más le interesaba, y lo de hoy en día es más ligero que las duras dictaduras de su época, pero cabe dudar sobre el tamaño del atropello económico, y si eso exige otras formas sutiles de rebeldía.

Vista de la Bahía de Palma desde la Plaza Albert Camus.

Vista de la Bahía de Palma desde la Plaza Albert Camus.

 

 

Payeras el temeroso

Confieso que la osadía de salir a la luz pública a defender los propios puntos de vista tiene pocas consecuencias gratas, pero hay una que cada vez me divierte más. Escandalizar a los mojigatos, a los puritanos de los dogmas ideológicos del pensamiento político subvencionado y promovido oficialmente, tiene algo de subversivo, pues el escándalo del meapilas de turno sobredimensiona el asunto hasta darle más trascendencia de la que tiene.

Una semana después de que se publicaran los resultados del sondeo realizado por el Instituto Balear de Estudios Sociales –que darían representación a UPyD en el Ayuntamiento de Palma si se celebraran ahora elecciones-  Miquel Payeras nos dedica un artículo titulado “La suma PP-UPyD” en el que lamenta que “el PP perdería la mayoría absoluta, pero la demagogia populista le podría apoyar y así gobernar juntos”.

Para empezar, sorprende que a estas alturas el Sr. Payeras no se haya enterado de que UPyD no se rige por las mismas reglas que el resto de minorías que alguna vez hayan tenido representación institucional en Baleares. Está tan acostumbrado a la conducta habitual, que da por supuesto que entregaríamos fácilmente nuestro apoyo, tal vez porque hasta ahora todos se conformaron con poltronas y partes suculentas que administrar de los presupuestos. Sin embargo, tiene un ejemplo –tal vez lo ignore deliberadamente- con lo ocurrido en Asturias. Nacho Prendes, el único diputado autonómico de UPyD,  publicó un documento de 23 folios con propuestas programáticas que discutir con los partidos mayoritarios, de forma que quien reclamara su voto para poder gobernar, se comprometiera a aplicarlas. Así que concedió su apoyo al único partido que se interesó en discutirlas y se comprometió en asumirlas –en este caso, el PSOE-, y sin contrapartida alguna, es decir, sin formar parte del gobierno, y pudiendo retirar su decisivo voto si no se respeta lo firmado. Siendo así las cosas, es pertinente cuestionar las facilonas especulaciones sobre el futuro que tan a la ligera hace el Sr.Payeras, en caso de repetirse una situación parecida en Baleares.

Pero no nos engañemos. Lo que verdaderamente le preocupa es la “demagogia antinacionalista”de la que nos acusa. Por lo visto, no se pueden plantear argumentos críticos con una ideología, sin ser acusado de demagogo por quienes la han asumido. Aun tratándose de un intelectual orgánico pagado y promocionado por los medios abiertamente declarados como nacionalistas, sería de esperar algo más que una descalificación sin más contra quienes están demostrando que el origen de los problemas actuales está en la sobredimensión descomunal de unas instituciones autonómicas que se han valido del victimismo nacionalista para engordar parasitariamente a costa de los ciudadanos. Reformar el caos institucional para devolver a la administración a un equilibrio y tamaño eficaces no es pues demagógico, sino señalar las raíces del problema que muchos se niegan a reconocer interesadamente. Claro que siempre ha sido más fácil recurrir al espantajo del enemigo externo o a la falacia de las balanzas fiscales, que reconocer la incompetencia propia. Y esto último es característico del nacionalismo de todos los partidos. De ahí que deje irónicamente a “la imaginación más gótica” de los lectores lo que podría acarrear la entrada de UPyD en las instituciones. Lo dice como si nada hubiera en el panorama actual que  dé señales de haber llegado al límite del agotamiento. A no ser que lo propio de los godos sea cambiar lo que ha dado unos resultados funestos por haberse hecho rematadamente mal. En ese caso, habría que agudizar el oído y la vista, no sea cosa que los que se las dan de modernos resulten ser unos verdaderos cavernícolas que no ven más allá de las fronteras de la tribu.

No hay batacazo económico sin lección política

Una vez consumado el enésimo batacazo institucional y económico –no tiene otro nombre que después de haber gastado 70 millones de euros no se puedan acabar las obras del Palacio de Congresos, ni haya empresarios interesados en su explotación- se han publicado muchos artículos de opinión sobre el asunto. Lógicamente, no es fácil asimilar que un supuesto revulsivo de la economía y la estacionalización turística, se haya convertido en todo lo contrario, en un tremendo lastre a costa del contribuyente.

 

    Camilo Cela Conde invitaba a acabar cuanto antes con una sangría inútil mediante el derribo. Javier Mato ha afirmado que es momento de ser piadosos, de mirar hacia delante, y lamenta la falta de liderazgo y vitalidad empresarial de la sociedad balear que nos impide tener un palacio de congresos como otras ciudades. Por su parte, Gaspar Sabater sigue defendiendo el proyecto, mantiene que es una importante inversión de futuro, señala los obstáculos que complicaron las cosas, y reprocha a los agoreros que digan ahora que predijeron el descalabro.

 

Puedo entender que no sea momento para sacar pecho, recordando que sí ha habido quienes anticiparon lo que podía ocurrir y recomendaron parar las obras a tiempo. Aun siendo una ley del rifirrafe político sacar partido de los errores ajenos, tal vez no sea lo más elegante ensañarse con la voluntariosa torpeza de políticos generalmente bienintencionados. Pero discrepo en cerrar en falso un episodio importante sin extraer aprendizaje alguno de los errores cometidos, porque ninguno de los planteamientos anteriores contribuye a  recuperar la credibilidad perdida de unas instituciones que la opinión pública considera como su peor enemigo. Máxime cuando, si somos incisivos –no renunciemos a la reflexión- y aplicamos un qui prodest a las opiniones publicadas, se diluye tanto la responsabilidad, que no se sienta base alguna para evitar que cosas así sean lo habitual.

 

Cuando fui candidato por UPyD al ayuntamiento de Palma en las últimas elecciones municipales, fui invitado a un foro en el que los asistentes preguntaban abiertamente al candidato sobre cualquier punto de su programa. Un conocido empresario turístico que afirmó que sólo le interesaba la promoción turística,  se interesó por nuestro programa al respecto, y entre otros puntos, manifesté nuestra oposición a proseguir la construcción del palacio de congresos con fondos públicos, sin financiación del sector privado. No era lo que quería oír. No sólo no compartió mi planteamiento, sino que aseguraba la conveniencia, la necesidad y la rentabilidad de un edificio de esas características. Veamos, si por mí fuera, podría haber un palacio de congresos, otro de la ópera y un zoológico, en cada pueblo de Mallorca, con la condición de que fueran rentables por ser masivamente visitados por un público dispuesto a afrontar los costes del espectáculo. Pero las cosas no son así. Los responsables políticos no pueden ignorar los riesgos de proyectos teóricamente fantásticos cuando –como es el caso- el mismo sector turístico que tanto pedía la instalación, no daba pasos en firme para sufragarla, hasta el punto de abandonarla (Barceló) o ni siquiera haber concursado por su explotación. Y deben ejercer un contrapeso racional a los cantos de sirena de quienes exigen inversiones que no están dispuestos a hacer motu proprio, así como tener en cuenta las voces de quienes conociendo el mercado, afirmaban desde el principio que no era suficientemente voluminoso como para que un gran palacio de congresos fuera rentable. De lo contrario, la cacareada estabilidad presupuestaria que actualmente tantos desvelos ocasiona, y que debe empezar por los ayuntamientos, no sólo será imposible, sino que las obras públicas seguirán siendo consideradas por la opinión pública como focos de corrupción, o como parte importante de la ruina que propician políticos con ínfulas de ser grandes empresarios.

 

Ruinosa fachada de Palma

Que los humanos seamos un animal simbólico que necesita recrear la realidad con la fantasía es un hecho. Que inventemos marcos conceptuales imaginarios es parte de nuestra condición. Ahora bien, cuando está en juego el dinero de los contribuyentes en época de crisis, conviene deslindar cuanto antes entre quimera y realidad.

Apenas un día después de que Sebastián SansóTeniente de Alcalde de Instraestructuras de Palma– anunciara el prometedor futuro del Palacio de Congresos, con una cifra de 40.000 congresistas en lista de espera por 10 peticiones de reserva, lo que demostraría el acierto y la rentabilidad de la inversión, el único interesado en hacerse con la gestión del edifico, decide no cumplir con el pliego de condiciones, y abandona el proyecto. No sólo un supuesto portento económico ha perdido al único licitador que parecía interesado, sino que el empeño y el optimismo de Aina Calvo primero, Mateo Isern después, y de todos los partidos que han tenido representación en el ayuntamiento de Palma, se ha diluido en la nada, y se queda en  otro monumental fracaso institucional y económico.

Ante tal brusco despertar, se paralizan las obras de una infraestructura de 120 millones de euros, que generaba una deuda imponente a razón de 4 millones de euros mensuales, y se propone al menos acabar la fachada para no tener un edifico fantasma (costará 3 millones más).  Al final, hemos sufragado un mero decorado. Hubiera sido más barato pintarlo en cartón- piedra. Las declaraciones de autoridades del PP, PSOE y nacionalistas son por primera vez razonables –sólo faltaría que celebraran la castaña que endosan a los palmesanos-  pero han tardado dos años en descubrir lo que UPyD dijo desde un principio, cuando era evidente que el desinterés de la iniciativa privada recomendaba paralizar el proyecto. Añadamos al panorama que este carísimo adorno no está solo: le acompaña a 200 metros el Edificio de Gesa, cuya interesada catalogación como Bien de Interés Cultural por quien ya ha sido sentenciada,  parece ahora incluso menos costosa que su desprotección.

¿Se puede extraer alguna lección de tanto despropósito? Sin duda. Los ciudadanos harán bien en resguardarse de políticos henchidos de intervencionismo faraónico, del cuño que sea. Repasen si no el bagaje financiero que nos han dejado en los últimos años  infraestructuras de todo tipo (movilidad, deportivo, cultural, de transporte, de recogida de basuras, etc.) que iban supuestamente a dinamizar la sociedad o la economía de las islas. Apenas han servido para poco más que generar unas deudas que pesarán como losas durante no se sabe cuánto tiempo.

El cándido sueño de Aina Calvo

Calamitoso pero previsible. Aun tratándose de  un asunto menor, es muy ilustrativo. Menos de año y medio después de su puesta en funcionamiento, Bicipalma, la iniciativa de la exalcaldesa Aina Calvo -presentada como una conquista en pos de la humanización de la ciudad- se ha diluido casi hasta la nada. Hace tiempo que uno observa los anclajes especiales para las bicis públicas casi vacíos. Ahora sabemos por qué. Los datos recientemente publicados no hacen sino confirmar la impresión de que Bicipalma ha sido una iniciativa tan bienintencionada como fracasada.

     De 400 bicicletas nuevas, más de 100 fueron robadas en los tres primeros meses. Las restantes suman desde entonces más de 15.000 reparaciones a causa de actos vandálicos, y el número de bicis operativas actualmente es bajísimo. El actual gobierno municipal pondrá fin a la gratuidad total del servicio, estableciendo un control informático, unas tarifas moderadas a partir de la media hora de uso, y multando con 150€ a quien no devuelva la bici. A pesar de estas medidas, se calcula que el mantenimiento del servicio seguirá costando 315.000 € anuales.

El todo gratis no funciona. Se alegará una mil y una veces que nos falta civismo para respetar unos bienes públicos que cuestan dinero a todos, pero mientras estamos a la espera del “hombre nuevo”, conviene evitar el suma y sigue de pérdida tras pérdida. La realidad no es platónica, y es sabido que las cosas no son como los optimistas antropológicos postulan. La distinción entre propiedad pública y privada es una característica de las sociedades extensas, un fenómeno muy estudiado que no se da en las sociedades tribales. De ahí la aparición del free-rider –nunca mejor dicho- que se aprovecha  del disfrute de los bienes públicos, con la misma fruición con que elude su cuidado y sus costes. En el fondo, aprovecharse de lo que los demás nos brindan  es profundamente humano. La gratuidad absoluta y la no exclusividad en el uso de los servicios, deja la vía libre a esta actitud, claramente destructiva. De ahí que a corto plazo incluso, la sostenibilidad y mantenimiento de los servicios públicos se aseguran cuando se paga alguna cuota o tarifa por su uso. De lo contrario, el free-rider se beneficia de la gratuidad total y exprime la oportunidad hasta dar al traste con ella. Distinto hubiera sido habilitar los carriles-bici y un sistema de aparcamiento adaptable a todo tipo de bicicletas particulares, de forma que se facilitara la infraestructura con dinero público, pero no el coste del vehículo. Pero es tarde: el sistema de anclaje actual es exclusivo para las bicis públicas, con lo que desechar del todo, en tan poco tiempo, y gastando todavía más, una instalación que está nueva, implicaría más costes.

Ignoro si los hechos han hecho despertar a Aina Calvo de su cándido sueñ0, pero confirman el precio que tiene el socialismo ingenuo.

La cocina de los peritajes

La realidad es compleja. La verdad es escurridiza. Distinguir entre la apariencia y el conocimiento ha sido, y sigue siendo, el arranque de toda ciencia y filosofía. La confianza en nuestras intuiciones ha sido una constante, que nos ha llevado a cometer carísimos errores. La actualidad judicial de Baleares aporta ejemplos de la incertidumbre en que nos encontramos, aun pertrechándose de peritos en materias en las que sólo el criterio de un especialista puede dar luz donde no la hay.

No pretendo descalificar a profesionales cuyas disciplinas desconozco. Pero sí manifestar que algo resulta sospechoso cuando dos peritos discrepan sobre el diagnóstico psicológico de un presunto delincuente, que ha desviado grandes cantidades de dinero público. Un  psiquiatra mantiene que el imputado en el caso Bitel sufría un trastorno bipolar, que afectaba a su voluntad, y que remitió gracias a la medicación recetada. Otro psiquiatra describe la conducta del mismo sujeto en términos que cuadran más bien con un trastorno de la personalidad, es decir, una patología diferente. Puede que uno de los dos esté en lo cierto, naturalmente. Puede también que el acusado recurra a los consejos de su abogado en busca de atenuantes por enajenación mental, de forma que ambos peritos podrían estar equivocados… No es tan difícil alegar a conveniencia síntomas que figuran en todos los manuales de psicología. Como es lógico, se supone que un buen perito debe discernir entre los reales y fingidos, pero la verdad es que hay discrepancias. Uno de los psiquiatras anteriores, reconoció una grave patología mental –y de origen orgánico- en el principal imputado por ejercer de testaferro en el caso Son Oms. Más tarde, alegó su perfecto estado para responsabilizarse de sus bienes cuando en pleno proceso de divorcio, su mujer afirmaba que era incapaz de gestionar su fortuna. Insisto en que no tengo los datos al completo como para desautorizar profesionalmente a nadie. Pero es natural sospechar que a la inevitable dosis de subjetividad que toda tesis contiene, se suma la deformación intencionada de la realidad cuando interfieren intereses concretos.

El ciudadano, observador pasivo del espectáculo de la vida pública, puede entrever que es fácil cocinar a conveniencia los peritajes más empingorotados. Los relativos al edificio de Gesa, siguen dando ejemplos. Hay quien afirma –entre otras virtudes- que sirve de marco monumental a la Catedral para los coches que entran en Palma por la autopista del aeropuerto… Tal cual. No en vano se suma en este caso el factor político, que los principales partidos entienden como defensa a ultranza de sus hijos, aunque un juez los desautorice, como es el caso, y arrojen resultados dudosos y costosísimos. Pues la reforma de un edificio público degradado que nadie valora por motivos estéticos, más las previsibles compensaciones al dueño del solar, son una realidad objetiva y tal vez más disuasoria que maravillosos planes urbanísticos en época de vacas flacas.

Uno, ante la duda, opta por desconfiar de las convicciones profundas y arraigadas sin asidero consistente. Y a pesar de que Nietzsche demostró que tras la racionalidad aparentemente límpida también subyacen pulsiones inconscientes e inconfensables, espera que la integridad profesional de quienes toman decisiones,  se imponga a las numerosas presiones que reciban.

Derribo por desinfección

60 años después de la muerte de Nerón, Adriano decidió condenar y enterrar las dependencias que quedaban de la Domus Aurea, el inmenso y fastuoso palacio con el que Nerón quiso pasar a la historia. El edificio simbolizaba los efectos que producen los tiranos perturbados por sus ambiciones y sus ínfulas de urbanista excelso. Tras arruinar las arcas del estado para financiarla, Nerón había extorsionado a las fortunas del imperio para continuar las obras, obligando a los pater familias a suicidarse -dejándole parte importante de la herencia- si querían que respetara posteriormente a sus familias.

El ahora plausible derribo del efidicio de Gesa no tendría tanta relevancia arquitectónica, ni estética, como de pura higiene institucional.  La historia de las obras públicas en España –especialmente en Baleares- es un compendio sobre las oscuras maniobras que explican el afán intervencionista de los políticos a la hora de morder el pastel de la contratación. En este caso, instituciones como el Consell de Mallorca bajaron todavía un peldaño más en la miseria moral en la que se sumieron. Porque nadie ignora que la catalogación como Bien de Interés Cultural del edifico de Gesa, no respondía a una pulsión neroniana de arquitecto atolondrado, tampoco a la previsible especulación económica posterior para rentabilizar su desprotección, sino a una vulgar y mafiosa instrumentalización de las instituciones y del urbanismo de Palma. Era una venganza contra los intereses del propietario del solar, por haber osado denunciar la monumental componenda del caso Ca’n Domenge, uno de los ejemplos emblemáticos de la corrupción sistemática de todo lo que tocaba la mesnada de Unió Mallorquina.  El partido de Maria Antònia Munar se valía de su influencia para maniobrar contra todo aquél que no se sometiera a sus burdos intereses, lo que se consideraba muy negativamente como “ir por libre”. El derribo no sería pues cuestión de gustos, mucho menos de endebles valores arquitectónicos, sino de corregir lo que nunca debiera haber ocurrido.

Con esos antecedentes, el empeño de la izquierda y los nacionalistas en dejar las cosas como están -en nombre de lo que suceda a posteriori con el solar- no debería soslayar las consecuencias legales de un asunto que podría tener un serio coste para unas arcas públicas agotadas: los contribuyentes palmesanos tendrían que pagar al propietario del solar unas indemnizaciones millonarias que, más todavía en esta época, tendrían un elevado coste social. Eso, por no hablar de la selectiva sensibilidad urbanística de quien se rasga las vestiduras por los nombres de las calles, la placa de una escultura, o el escudo de un monumento, al mismo tiempo que tolera -a menos de 200 metros del edifico de Gesa- el ruinoso Palacio de Congresos que impulsó. Es tarde para cambiar la historia, pero se está a tiempo de vencer a la corrupción del presente. Tal vez el apoyo de sus votos en el desaguisado sea demasiado reciente como para encubrir ante la opinión pública, una vez más, que la falta de higiene no hubiera sido posible sin el habitual sostén de PSOE o PP, a conveniencia según de dónde soplara el viento.