Falacias sobre la fusión municipal

A diferencia del conservadurismo de los de siempre, y las asonadas desquiciadas de los recién llegados, quedan quienes son capaces de hacer propuestas incisivas e innovadoras. Nadie ignora que la crisis institucional se traduce en la ruinosa deuda -22000€ por cada español- con la que nos premian las diferentes administraciones públicas. Hete aquí que UPyD-Baleares se ha puesto manos a la obra y ha presentado su proyecto para racionalizar una administración municipal de origen decimonónico. Se propone pasar de 67 ayuntamientos a 16 en toda Baleares, fusionándolos de forma que sólo uno tenga menos de 20.000  habitantes. Nada que no se ha hecho ya en muchos países europeos. Lo que aquí está en juego es que la racionalidad y la eficacia incluyan a la administración pública, que no tiene que ser un lastre incapacitante. Las reacciones se han producido de inmediato, por lo que analizo a continuación las que más llamativas me parecen.
Falacia del terruño. Es tal la profusión de bufidos sentimentales que se ha adueñado de la política española en general, que algunas voces plantean que esta propuesta fracasará por ignorar la idiosincrasia de los habitantes de las pequeñas localidades. Se supone que éstos consideran imprescindible tener sus ayuntamientos como si fueran fines en sí mismos, al margen de sus costes y conveniencia. Tras este argumento subyace una generalización y un prejuicio: la de que el patrioterismo chico ha insuflado pasiones desatadas entre todos los vecinos. Pues bien, a lo mejor resulta que los lugares comunes no son más que eso -simplezas de trazo grueso- de forma que un fino escepticismo y un agudo sentido crítico son más compatibles de lo que parece con el hecho de vivir en un pueblo. La lucidez para entender que algo no funciona, no depende del lugar en que uno vive.
Falacia de la cercanía. A menudo se oye hablar con gran alharaca sobre la trascendencia de tener una administración lo más cercana posible que, cómo no, esté gestionada por los que son de aquí. Pero la perspectiva en pequeñito puede distorsionar procesos sociales complejos. Además, la tentación del nepotismo es mucho más probable en las administraciones cercanas, lo que abre las puertas a la corrupción. Los intereses creados y las presiones son mucho más efectivos entre conocidos que ante una administración anónima que no hace distinciones a la hora de aplicar la ley. Es un fenómeno humano bastante comprensible: el calor de la cercanía y la confianza favorece el espíritu del cacique, que hoy en día ya no ejerce presiones dictatoriales sino que hace favores a los suyos, y a quien conviene, claro está. Aunque eso implique vulnerar leyes injustas.
Falacia del tamaño. Desde posiciones liberales, se ha observado el peligro que el intervencionismo de las administraciones desorbitadamente grandes –como las de los imperios y los grandes estados- representan. Que, en efecto, así haya sido históricamente, no significa que las administraciones pequeñas se autolimiten, ni que se ajusten a las funciones básicas que la ley establece. De hecho, ha ocurrido precisamente lo contrario. Llevados del populismo, la ambición y la necesidad de justificar sus cargos, son legión los alcaldes con tendencias cesaristas, que han intervenido en áreas que no les corresponden, derrochando recursos más allá de lo tolerable, para convertirse posteriormente en permanentes plañideras por la mala financiación que reciben.
El falso dilema de la desaparición. Se plantea en este caso un extremismo dramático entre dos polos: o se dispone de ayuntamiento o poco menos que se desaparece de la realidad. No sólo hay en Baleares localidades que ya están integradas en ayuntamientos más grandes, sino que racionalizar la gestión pública no tiene nada que ver con desaparecer del mapa, renunciar a los topónimos, dejar de tener fiestas patronales, ni con dejar de tener la particularidad que sea. No, pueden tranquilizarse los temerosos, porque la propuesta de fusión de ayuntamientos no tiene inclinación estalinista alguna.
En conclusión, los argumentos contra la fusión destapan algunos de los orígenes intelectuales de las deficiencias que padecen los ciudadanos. Lo que confirma el acierto de una propuesta dirigida a asegurar los servicios municipales básicos con unos costes razonables, aunque mucho listillo se quedara sin su cargo.

Anuncios

Prescindir de IB3

Hace unos años –cuando IB3 era un proyecto en ciernes del penúltimo gobierno del PP- un ilustre articulista, me propuso que asistiera a una comida entre conocidos caballeros liberales, alguno de los cuales tenía una clara y reconocida trayectoria intelectual. Para mi sorpresa, no se manifestó entre los presentes recelo alguno contra la creación de una televisión pública en Baleares, pese a que los costes de tales engendros –la misma RTVE como caso emblemático- eran vox populi, y objeto de fundadas y ancestrales críticas desde el acostumbrado rigor liberal con el erario público. Pero no, todo eso se había olvidado y lo que allí se vislumbraba era otro peligro: un cambio de gobierno implicaría entregar al nacionalismo y la izquierda –duchos en la explotación sentimental de la propaganda- un arma política más. Pese a echar de menos una mínima suspicacia contra lo que iba a ser otra superflua ciénaga de gasto insondable, no osé abrir la boca, pues lo que ya se intuía es que alguno de los presentes contaba con suministrar programas y contenidos a la futura televisión, lo que previsiblemente se traduciría en importantes ingresos. Y es que ya se sabe: no hay tentación más fuerte que vivir a costa del tesoro público, mal generalizado en España, lo que explica gran parte de lo que está ocurriendo, y afecta especialmente a quienes entienden que la ejemplaridad sólo es exigible a los demás.

 

Viene esto a cuento de las cifras publicadas sobre los costes de IB3 en 2012. Aun habiendo mejorado efectivamente, se mantiene una deuda de 42 millones de euros. Y pese a que su presupuesto se redujera drásticamente a 30 millones –el anterior era de 60- se cerró el año con un déficit de 12,3 millones, que hubo que añadir posteriormente. En una situación general en que las grandes cifras públicas siguen siendo muy negativas, en la que se debe racionalizar todavía más el gasto en servicios básicos, y en la que se planea gravar con más y nuevos impuestos al maltrecho ciudadano, cabe preguntarse si es suficiente recortar un poco de todo, o habrá que reconocer que se ha terminado una época en la que se salía adelante sin prescindir de nada.

 

Sí, ya sabemos que hay quien considera demagógico plantear la clausura de IB3, como se hizo por cierto con TV de Mallorca, con argumentos habituales: la producción televisiva y cinematográfica no es derroche sino inversión,  la evolución socioeconómica de la sociedad es suficiente como para tener servicios, bienes, derechos…y uno de ellos son los servicios de comunicación públicos, como lo es la cultura, reclamar el cierre del canal autonómico es simplista porque si se usa bien, puede ser una herramienta de cohesión, lo importante es que esté dimensionada y sea independiente, etc…

 

La cuestión es si podemos seguir dando la espalda a los límites que impone la realidad, cuando la deseada evolución socioeconómica no es tal, sino todo lo contrario. Y si es hora de extraer algún doloroso aprendizaje de lo que implica una deuda desorbitada. Además de resguardarse del optimismo ingenuo, que resulta ser en el fondo interesado, haciendo pasar por interés social y cultural lo que lleva a la ruina de muchos por ser el modus vivendi de unos pocos. Así las cosas, sorprende que el Govern no se plantee que mantener lo que no se sostiene es peor política que la politización de un medio televisivo… incluso cuando los míos lo controlan.

El Govern mantiene el camelo de la publicidad institucional

    Cuando todos sabemos que las arcas públicas están vacías y endeudadas, cuando se ha tenido que recurrir a 355 millones de euros del Fondo de Liquidez para afrontar pagos urgentes, cuando acaba de saberse que el publicista de las campañas del PP en Baleares recibió contratos públicos cuyos importes desviaba al partido, el Govern Balear anuncia un contrato en publicidad institucional por un importe de 1.476.000€ en los años 2013 y 14, … ¡Qué difícil es abandonar las malas costumbres!

La publicidad institucional no sólo es una de las vías más sangrantes para facilitar la corrupción y el despilfarro, sino que es repulsiva conceptualmente. Un equipo de gobierno construye una infraestructura y al coste de la misma, hay que sumar el precio del autobombo por haberla construido. El hecho de vivir en un determinado lugar, es aprovechado -con profusión de medios cinematográficos incluso- para recordarte el trascendental mensaje de que “Mallorca ets tu”.  Alguien tiene intereses en subvencionar la hípica, y al montante de dinero público invertido, hay que sumar la propaganda para que se sepa quién gasta ese dinero, y de qué institución proviene, de forma que tanto o más que la hípica, se hace propaganda de los partidos que gobiernan y sus cargos electos.

    La austeridad –necesaria forzosamente en un país arruinado por la pésima gestión de los recursos públicos- sólo es creíble si los responsables políticos comparten los sacrificios. De lo contrario,  todo queda en otra operación de marketing institucional, en un acto de contrición engañoso, con el que se predica lo opuesto a lo que se hace. Lamentablemente, no hay la más mínima diferencia en este sentido entre los partidos que han gobernado en Baleares. De ahí que UPyD incluyera en sus programas la prohibición total de la propaganda institucional. Sólo así podrá cerrarse drásticamente la puerta a una de las vías estructurales del despilfarro y la corrupción, y favorecer que los políticos tengan un mínimo del valor del que más carecen: ejemplaridad.

La austeridad que no llega

Es hora de hacer algo más que subir los impuestos y recortar servicios para reducir la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Agotadas las vías de financiación con los bancos, y habiendo recurrido al Fondo de Liquidez para salvar los vencimientos de deuda acuciantes, el entramado institucional balear –desmesurado, carísimo e ineficaz- permanece intacto, aun habiéndonos llevado a una ruina que llevará décadas cancelar. Hay que llevar la austeridad donde no ha llegado: a la eliminación de organismos públicos redundantes.

Un gobierno certero en el diagnóstico y valiente con el tratamiento, empezaría por suprimir los Consells. ¿Coste político? Muy poco: el ruido de una oposición desquiciada que también vería en ello una merma de oportunidades para asegurar el modus vivendi a su mesnada a costa del erario público. Sus respectivos portamaletas intelectuales se rasgarían las vestiduras ensalzando las virtudes de una institución cuyas funciones pueden ser recuperadas por el gobierno autónomo. Pero la opinión pública no es tan ciega. Ninguna institución está peor vista que el Consell de Mallorca. Desde su origen, su gestión en carreteras, suelo, territorio y subvenciones de todo tipo, ha quedado unida -en una especie de inconsciente colectivo- a la corrupción y la arbitrariedad de UM, consentida y apoyada por PP, PSOE, PSM e IU según la tesitura de los equilibrios de la aritmética parlamentaria del momento. Ahí está la lista de causas juzgadas o pendientes de serlo. ¿Han cambiado las cosas? Sí, pero poco importa: la falta de financiación –el Consell espera y reclama unos recursos que no llegan porque no existen- impide inversiones reales y el grueso de su presupuesto se desvanece en gasto corriente, luego es una institución superflua. ¿Implicaría esto un lento y difícil cambio constitucional? Sí, pero también podría explorarse la modificación del Estatuto de Autonomía  (artículos 70-73) y la Ley de Consells en el ámbito autonómico.

Los ayuntamientos y mancomunidades deben ser sometidos a criterios de eficacia, lo que significa fusionarlos en torno a los 20.000 habitantes, que ha demostrado ser la cantidad menos gravosa. La fusión de ayuntamientos permitiría a su vez prescindir de mancomunidades que reúnen servicios para distintos municipios… al mismo tiempo que mantienen sus respectivos ayuntamientos; me sorprende que todavía haya quien dude que es exagerado hablar de metástasis administrativa.

Según el Banco de España, la deuda de Baleares asciende a 4.673 millones de euros. Todo apunta a que es una cifra incompleta y queda deuda camuflada. Aun así, es un 17,5% el PIB de las islas, lo que está por encima de la media autonómica, con un 14,1%. Al menos, mientras el resto de autonomías incrementará su deuda un 10,9%, Baleares sólo lo hará en un 2,4% en este año, lo que permitiría ajustarse al 1,5% de límite que puso el gobierno de la nación. José Ramón Bauzá y José Ignacio Aguiló han presentado estos datos como muy positivos. Sin embargo, dado que el reciente rescate de 355 millones de euros pone en evidencia la debilidad de la situación, es hora de explorar otras vías, las de una austeridad institucional que no llega.

Ruinosa fachada de Palma

Que los humanos seamos un animal simbólico que necesita recrear la realidad con la fantasía es un hecho. Que inventemos marcos conceptuales imaginarios es parte de nuestra condición. Ahora bien, cuando está en juego el dinero de los contribuyentes en época de crisis, conviene deslindar cuanto antes entre quimera y realidad.

Apenas un día después de que Sebastián SansóTeniente de Alcalde de Instraestructuras de Palma– anunciara el prometedor futuro del Palacio de Congresos, con una cifra de 40.000 congresistas en lista de espera por 10 peticiones de reserva, lo que demostraría el acierto y la rentabilidad de la inversión, el único interesado en hacerse con la gestión del edifico, decide no cumplir con el pliego de condiciones, y abandona el proyecto. No sólo un supuesto portento económico ha perdido al único licitador que parecía interesado, sino que el empeño y el optimismo de Aina Calvo primero, Mateo Isern después, y de todos los partidos que han tenido representación en el ayuntamiento de Palma, se ha diluido en la nada, y se queda en  otro monumental fracaso institucional y económico.

Ante tal brusco despertar, se paralizan las obras de una infraestructura de 120 millones de euros, que generaba una deuda imponente a razón de 4 millones de euros mensuales, y se propone al menos acabar la fachada para no tener un edifico fantasma (costará 3 millones más).  Al final, hemos sufragado un mero decorado. Hubiera sido más barato pintarlo en cartón- piedra. Las declaraciones de autoridades del PP, PSOE y nacionalistas son por primera vez razonables –sólo faltaría que celebraran la castaña que endosan a los palmesanos-  pero han tardado dos años en descubrir lo que UPyD dijo desde un principio, cuando era evidente que el desinterés de la iniciativa privada recomendaba paralizar el proyecto. Añadamos al panorama que este carísimo adorno no está solo: le acompaña a 200 metros el Edificio de Gesa, cuya interesada catalogación como Bien de Interés Cultural por quien ya ha sido sentenciada,  parece ahora incluso menos costosa que su desprotección.

¿Se puede extraer alguna lección de tanto despropósito? Sin duda. Los ciudadanos harán bien en resguardarse de políticos henchidos de intervencionismo faraónico, del cuño que sea. Repasen si no el bagaje financiero que nos han dejado en los últimos años  infraestructuras de todo tipo (movilidad, deportivo, cultural, de transporte, de recogida de basuras, etc.) que iban supuestamente a dinamizar la sociedad o la economía de las islas. Apenas han servido para poco más que generar unas deudas que pesarán como losas durante no se sabe cuánto tiempo.

El cándido sueño de Aina Calvo

Calamitoso pero previsible. Aun tratándose de  un asunto menor, es muy ilustrativo. Menos de año y medio después de su puesta en funcionamiento, Bicipalma, la iniciativa de la exalcaldesa Aina Calvo -presentada como una conquista en pos de la humanización de la ciudad- se ha diluido casi hasta la nada. Hace tiempo que uno observa los anclajes especiales para las bicis públicas casi vacíos. Ahora sabemos por qué. Los datos recientemente publicados no hacen sino confirmar la impresión de que Bicipalma ha sido una iniciativa tan bienintencionada como fracasada.

     De 400 bicicletas nuevas, más de 100 fueron robadas en los tres primeros meses. Las restantes suman desde entonces más de 15.000 reparaciones a causa de actos vandálicos, y el número de bicis operativas actualmente es bajísimo. El actual gobierno municipal pondrá fin a la gratuidad total del servicio, estableciendo un control informático, unas tarifas moderadas a partir de la media hora de uso, y multando con 150€ a quien no devuelva la bici. A pesar de estas medidas, se calcula que el mantenimiento del servicio seguirá costando 315.000 € anuales.

El todo gratis no funciona. Se alegará una mil y una veces que nos falta civismo para respetar unos bienes públicos que cuestan dinero a todos, pero mientras estamos a la espera del “hombre nuevo”, conviene evitar el suma y sigue de pérdida tras pérdida. La realidad no es platónica, y es sabido que las cosas no son como los optimistas antropológicos postulan. La distinción entre propiedad pública y privada es una característica de las sociedades extensas, un fenómeno muy estudiado que no se da en las sociedades tribales. De ahí la aparición del free-rider –nunca mejor dicho- que se aprovecha  del disfrute de los bienes públicos, con la misma fruición con que elude su cuidado y sus costes. En el fondo, aprovecharse de lo que los demás nos brindan  es profundamente humano. La gratuidad absoluta y la no exclusividad en el uso de los servicios, deja la vía libre a esta actitud, claramente destructiva. De ahí que a corto plazo incluso, la sostenibilidad y mantenimiento de los servicios públicos se aseguran cuando se paga alguna cuota o tarifa por su uso. De lo contrario, el free-rider se beneficia de la gratuidad total y exprime la oportunidad hasta dar al traste con ella. Distinto hubiera sido habilitar los carriles-bici y un sistema de aparcamiento adaptable a todo tipo de bicicletas particulares, de forma que se facilitara la infraestructura con dinero público, pero no el coste del vehículo. Pero es tarde: el sistema de anclaje actual es exclusivo para las bicis públicas, con lo que desechar del todo, en tan poco tiempo, y gastando todavía más, una instalación que está nueva, implicaría más costes.

Ignoro si los hechos han hecho despertar a Aina Calvo de su cándido sueñ0, pero confirman el precio que tiene el socialismo ingenuo.

Reencuentro con Maquiavelo

En el contexto español actual,  en el que unos y otros repiten en vano acusaciones mutuas,  y se mantienen las mismas fórmulas sin que nadie convenza a nadie, queda el recurso de refugiarse con silencioso escepticismo en los grandes clásicos, los que dejaron huella porque no evitaron las verdades incómodas, los que observaron la realidad sin histrionismo, los que usaron el bisturí del pensamiento sin cortapisas.

Mientras Antonio García-Santesmases,  reconocido catedrático de Filosofía Moral y Política, traslada el consabido maniqueísmo al panorama de las ciencias, y se postula en contra de un supuesto imperialismo de la economía, como si de un enfrentamiento entre la bondad de las Humanidades y el inclemente realismo de la parte de la naturaleza que Aristóteles denominó -sin matices despectivos- crematística se tratara, mientras otros personalizan toscamente refiriéndose a lo que denominan como la crisis de Merkel, o peor aún, despiertan rancios prejuicios, tronando que ya estamos en el IV Reich, o afirmando aviesamente que “estamos en el reverso de las reparaciones exigidas a Alemania tras las guerras mundiales”, reconforta reencontrar las voces de quienes no se conformaron con  acusaciones a la ligera, con las que se suele señalar los defectos de los demás, pero se pierde la capacidad de mirarse previamente en el espejo.

A su vuelta de Alemania en 1508, Maquiavelo escribió un poco conocido Informe de los asuntos de Alemania, en el que resume sus impresiones sobre el emperador Maximiliano y el pueblo alemán. Muchos han destacado que las virtudes personales y morales que observó en el emperador  eran tantas… que concluye que sólo su moderación le convertiría en un gran príncipe y un político de éxito en toda empresa. Pero lo que más llamó la atención de Maquiavelo fue la riqueza de las ciudades alemanas. “Viven como pobres”, afirma. No construyen, no gastan en vestimentas, se conforman con tener pan y carne “y una estufa para combatir el frío”. Se conforman con lo necesario, “y sus necesidades son mucho menores que las nuestras”. Maquiavelo – seducido por la grandeza y los lujos- no celebra tanta austeridad, que califica como un modo de vida indeseable y rudo. Pero establece una relación entre dicha existencia, y el hecho de que los alemanes no corrieran el riesgo de ser reducidos a la servidumbre, pues disponen de una riqueza que da libertad al Estado, al contrario que los florentinos, que por cierto, nunca le pagaron como se debía sus desvelos y esfuerzos por el bien de Florencia.

Lejos de mí la intención de extrapolar al presente un testimonio de hace cinco siglos, que podría reforzar injustamente otros lugares comunes sobre el modus vivendi de los pueblos mediterráneos. Sería de una simpleza absoluta, tanta como su contrario: la mala costumbre de ignorar la parte de responsabilidad que cada uno tiene en los procesos complejos. De ahí que recordar ahora las observaciones de Maquiavelo tenga un punto de provocación imprescindible, de desafío incómodo, y resulte ameno recordar a quien puso cartas sobre la mesa que otros no querían ver,  sobre todo cuando uno está rodeado de tantas monjas sin convento.